P. GARCÍA-BAQUERO - CÓRDOBA. – abcdesevilla.es
Siete de cada diez matrimonios que ponen fin a su relación «de mutuo acuerdo» en el primer año de divorcio se ven obligados a acudir al juzgado ante el incumplimiento reiterado del convenio estipulado entre ambas partes. Lo recoge un estudio realizado por la Asociación de Córdoba, Familia y Mediación, Cofayme, sobre una muestra de 115 parejas separadas o divorciadas en la provincia entre los años 2000 y 2009.
Los datos facilitados por la abogada experta en mediación familiar María Rosa Sanz Puerto, perteneciente a Cofayme, revelan que de las más de 100 parejas entrevistadas, más del 80 por ciento declaró que lo que acordaron en el convenio regulador no les ha facilitado el proceso de divorcio. De hecho, según este mismo estudio, muchas de estas ex parejas se vieron obligadas a abrir un nuevo procedimiento judicial: el de modificación de medidas, porque lo que acordaron en dichos convenios con respecto a la guardia y custodia de los hijos menores «dificultaba enormemente las relaciones de uno o de ambos progenitores con sus hijos».
A esto se une el hecho de que prácticamente todos los matrimonio entrevistados declararon que no sabían a qué profesional o institución recurrir para que les asesorara, al menos, en los problemas propios del reajuste a la nueva situación.
Este estudio recoge, además, que 4 de cada 10 parejas encuestadas declaran haber consultado en alguna ocasión con los servicios de Salud Mental (psicólogos, psiquiatras) y haber necesitado apoyo terapéutico o farmacológico por asuntos relacionados con el divorcio.
Asimismo, revela que los que no han necesitado volver al juzgado después de haber firmado su separación o divorcio o la regulación de sus relaciones paterno filiales, en el caso de las parejas de hecho, tienen menos depresión, menos problemas con el alcohol y mejor salud mental.
Relación con los padres
El informe también observa un mejor ajuste de los hijos a la nueva situación familiar cuanto mayor es la relación con el padre «ausente» o que no tiene su custodia.
Otra de las conclusiones del sondeo es que en aquellas familias que han optado por regímenes de visitas amplios, como custodia cuasi compartida, existen menores niveles de incumplimiento en el pago de las pensiones alimenticias a los hijos. Y mayor cumplimiento de las obligaciones para con los hijos por parte del cónyuge no custodio. Según revela el estudio, «el cónyuge custodio puede constatar y tener presente en primera persona las necesidades de los hijos a los que ve con frecuencia frente a aquellos padres que sólo pueden ver estas necesidades de forma ocasional».
En aquellas familias en que no ha habido «grandes» problemas tras el divorcio, el 20 por ciento de los adolescentes mencionó a su padre como una persona a la que acudirían si tuviera algún problema.
El porcentaje, en cambio, desciende hasta el 5 por ciento en aquellos casos en que los adolescentes se vieron envueltos en un «divorcio crónico». Esto tiene su explicación en la reserva que manifiestan estos adolescentes a provocar una nueva disputa entre los ex cónyuges cuando solicitan el auxilio emocional del progenitor que no tiene su custodia.
En este análisis se observa además una clara asociación entre «mala calidad» del proceso del divorcio y malas relaciones y peor cuidado de los hijos. Y es que «en que las preocupaciones distraen a los ex cónyuges del cuidado de los hijos».
Ante tal situación, el despacho de Rosa Sanz Puerto, ubicado en Córdoba, es uno de los que apuesta por la intervención en el proceso de divorcio de un mediador familiar.
Según explica esta letrada, en los procesos de divorcio o separación se plantean «exigencias extremas». Entonces, prosigue Sanz, «las parejas deben organizar desde sus relaciones como las de sus hijos y familiares. Todos deben modificar sus redes sociales y las familias se deben adaptar a un cambio radical en su situación económica».