Pilar González Cuevas

Abogada

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“Mal se aviene el derecho, sobre todo el procesal, con sus encorsetamientos y sus estrecheces a una parcela tan especial como es el derecho de familia.

Mal se aviene la rigidez de la norma al ser vivo que se esconde tras la maraña de un litigio.

Mal puede vislumbrarse la sonrisa de un niño o su llanto oculto su nombre en el legajo. Los hijos de progenitores contendientes con nombre y apellido, abogado y procurador son mencionados de forma genérica como “el/los menores” de los que solo interesa a modo de formulario su fecha de nacimiento y un nombre reflejado en un asiento del Registro Civil. Son condenados sin ser oídos ni vistos ni apenas intuidos a ser el instrumento de una negociación muchas veces sórdida en la que no tienen otra participación que la de ser traídos y llevados siempre con una maleta en la mano”.

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Se suele decir que “los experimentos con gaseosa”, por aquello de que más vale ser cauto por lo que pueda ocurrir.

Como abogado en ejercicio y aficionada al derecho, estoy permanentemente intentando reciclar mis conocimientos, primero conociendo la Ley, segundo intentando entenderla, y por último aprendiendo de cómo los que verdaderamente saben y tienen la soberanía para aplicarla, la interpretan; labor ésta cada vez más difícil para quien escribe. El Derecho se está convirtiendo en un mundo insondable en el que nada es lo que parece ser.

El terreno de familia es uno de los ámbitos del derecho que más variaciones ha ido experimentando, sobre todo a lo largo de los últimos años. Pronto hará treinta  desde que se promulgara la Ley 30/81, de 7 de julio, allá escondida entre Disposiciones Adicionales en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Desde entonces, hasta la reciente reforma de 2.005 muchas cosas han cambiado.

Desde mi punto de vista, y en eso coincidirán probablemente muchos de quienes abordan esta materia, este ámbito se aviene mal con los principios de facto que rigen el aparataje del Estado, y peor con el funcionamiento de las Leyes Adjetivas. Baste recordar cómo sería un pleito netamente civil en el que hubieran de resolverse cuestiones tan complejas y delicadas como lo son la concesión de derechos de uso muchas veces de carácter indefinido sobre res aliena o indivisa;  el abordaje de quién o quiénes resultan ser más idóneos para la guarda y crianza de menores por encima de simple hecho biológico que es incuestionado en  la lógica del discurrir natural de las cosas; la determinación de la forma y tiempo en que han de desenvolverse relaciones humanas tan extremadamente complejas como lo son las paterno-materno-filiales, y con tantas consecuencias, llámese “freudianas”; el cálculo de las necesidades de seres que ni siquiera forman parte del procedimiento; la división de patrimonios y deudas; el control sobre el arraigo y libertad de residencia de los adultos en beneficio de los menores… Una sola acción de familia daría pie a un número notable de procedimientos, si se desmembrara en procedimientos civiles comunes, con distinta suerte, además. Y con más garantías, desde luego.

Resulta desalentador comprobar que el pasado no importa. Que el organigrama familiar previo a la ruptura nada tiene que ver con la regulación posterior de las consecuencias del matrimonio o la convivencia, que las reglas para decretar medidas o dividir patrimonios en nada se asemejan a la antigua realidad. Que los hijos han de adaptarse necesariamente no ya a una nueva realidad en la que sus referentes aparecen desunidos, sino a una mecánica completamente ajena a la que constituía su seguridad y su rutina, ésa que tanto valoran los psicólogos. Que tantos aspectos no pueden ser oídos ni traídos al procedimiento porque la supuesta eficacia del sistema legal no puede permitírselo. Todo se reduce a un esquema legal : el que se regula en el artículo 90 del Código Civil.

No se trata de que se regrese a un sistema causal, ni mucho menos. Solo se trata de buscar el equilibrio en la resolución de conflictos humanos tan decisivos como los que nacen de una contienda de familia, que repelen el automatismo y jamás se adaptarán a un formulario. Que fluirán como fluye la vida en continuos encuentros y desencuentros.

Todos conocemos Juzgados, o Jueces, sensibles y predispuestos a encontrar la solución más lógica y menos traumática, olvidando la hermenéutica encorsetada que no cabe en el terreno de familia y usando la razón y la lógica para aplicar la Ley. Y profesionales que abordan la cuestión olvidando el trasnochado “ganar” o “perder”, que tampoco aquí vale.

Pero también conocemos Juzgados- apisonadora que bajo el manto de la deseable conformidad entre las partes como mecanismo de autorregulación del conflicto, imponen a justiciable y profesional las medidas automáticamente, como si retratase de Sentencias prêt-a-porter con talla única: a quien le encaje que le encaje, y a quien no que se meta como pueda en el traje.

Y Juzgados donde los jueces parecen pitonisos que resuelven sin practicar prueba sobre la existencia de una demanda y una contestación y los pocos artículos del Código Civil que regulan la materia.

Por no hablar del disparate procesal que regula  la liquidación del régimen económico matrimonial.

Las actuales reformas han venido a crear un marasmo de resoluciones judiciales donde tal vez con mejor voluntad que acierto, pretenden “modernizar” el sistema y garantizar los derechos de los progenitores bajo el manto de la igualdad y teniendo como bandera el “favor filii”. Y todo ello debería ser positivo. Pero me temo que en la transición hacia la búsqueda de mejores fórmulas de equilibrio, quedarán cientos de bajas, o si no bajas, sí víctimas del amago.

Solo propondría la seriedad y la responsabilidad como lema. A todos los que de alguna forma intervenimos en estos litigios tan especiales como impropios para ser tratados como simples pleitos.

Decía Shakespeare algo así como “para los oficios, cualquiera, menos el enterrador vale”. No seamos, a veces,  tan profesionales.